escrito

  • 09.10.2014
  • 09:19
  • Txarli Prieto

LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS 0

oct9

La inspección técnica de edificios es una exigencia legal, para aquellos edificios del País Vasco, construidos hace 50 años o más, o que cumplan esta edad antes de finalizar 2017. Inspección que deberá estar efectuada antes de que concluya 2018.

Se trata de disponer de un informe donde se analice el estado del edificio en su seguridad, estanqueidad, consolidación de estructura, etc.

Se busca que la habitabilidad sea buena, que se pueda mejorar la eficiencia energética, que no se ponga en riesgo a quienes en ellos habitan y a quienes por ellos transitan.

El informe se puede hacer de manera visual, mediante catas, o mezclando ambos procedimientos.

Afecta a más del 32% de los edificios de Euskadi, y supone una gran oportunidad de actividad económica, mantenimiento y creación de empleo.

La Ley que desarrolla la inspección, determina quiénes están facultados para efectuar las inspecciones y para proponer los elementos y unidades de obra que deban restaurarse.

Hasta aquí todo es razonable. A partir de aquí, dudas y problemas a resolver. Citaré algunas de las que he tenido conocimiento, y sobre las que en sesión parlamentaria del 7-10-14, he pretendido que el Gobierno Vasco interviniera, aunque PNV y PP, se encargaron de que no prosperasen.

Parece razonable que si la inspección técnica de edificios, es una exigencia política a la ciudadanía propietaria de estos inmuebles, la política facilite al máximo su cumplimiento, tratando de evitar excesos, abusos, lagunas o dificultades de interpretación de como efectuar dichos informes.

Para ello los Socialistas, con nuestra iniciativa, fuimos a un debate abierto, a través del cual se apreció la conveniencia de delimitar los elementos de obra a inspeccionar; el procedimiento para hacerlo; el coste del informe teniendo en cuenta la superficie y el número de propietarios; las ayudas económicas de la administración al informe y a la posterior rehabilitación; las compensaciones a los  Ayuntamientos por la carga añadida de trabajo de esta iniciativa;  el asesoramiento público a la propiedad.

La iniciativa venía precedida del conocimiento de inspecciones poco rigurosas, de precios abusivos, de informes demasiado abiertos a la interpretación. La propia Autoridad Vasca de la Competencia, hace unas semanas alertaba de posibles prácticas fraudulentas abiertas al amañamiento de precios en la rehabilitación, y en torno a lo que alrededor de ella se mueve, con el consiguiente perjuicio para los afectados.

Lamentablemente PP y PNV, se sumaron para evitar que estos problemas que forman parte de la realidad actual tuvieran respuesta y bloquearon cualquier solución. Pero esto no se acaba aquí. La situación empeorará a medida que aumente el volumen de inspecciones, y habrá que retomar la iniciativa. Mientras tanto muchos propietarios pagarán las consecuencias de la cerrazón de PNV y PP.

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